10/10/10 Las minas tienen grandes fallas en seguridad, pese a las ganancias empresarias.
La cuenta regresiva más dramática que ha vivido Chile en los últimos años ya se inició. El pulso y la esperanza se instalaron en un pequeño punto de Atacama, donde se prepara el rescate de 33 trabajadores de la Mina San José, atrapados a 700 metros bajo tierra desde hace dos meses y cuatro días. La operación ha demandado millones de dólares que hasta ahora han salido del bolsillo de todos los chilenos. Un absurdo, porque los mineros fueron sepultados por las pésimas condiciones de seguridad laboral en las que funcionaba una mina que registraba millonarias ganancias.
De hecho, sus dos propietarios están bajo arraigo -procesados y con prohibición de salir del país-, pero no por los daños que han experimentado en su prolongado encierro 33 de los mineros que trabajan para ellos. El dictamen judicial obedeció a un derrumbe acaecido el pasado 3 de julio y que terminó con un minero seriamente herido y con una pierna amputada.
“La empresa aseguró la producción antes que la integridad física y síquica de sus trabajadores”, afirmó en el juicio el fiscal regional. Una acusación en la que la mina San José no es la excepción. Ni en seguridad laboral ni en ganancias. Si en los últimos cinco años las utilidades de las empresas mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. A modo de comparación con otro sector de alta rentabilidad, vale la pena anotar que hasta agosto de este año los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.
De allí el nerviosismo con que el sector empresarial minero ha seguido las vicisitudes de los mineros atrapados. Desde las entrañas de la tierra los chilenos han recibido durante dos meses un mensaje lacerante que les señala que los beneficios que obtienen las empresas del rubro no se condicen con el aporte que hacen al país y menos con los que obtienen los trabajadores del sector.
Un efecto claro de esta simple operación matemática fue el acuerdo logrado el 6 de octubre pasado entre el Gobierno y la oposición para aumentar la tributación de las mineras . Lo que se anunciaba como un debate duro e interminable, con un poderoso lobby opositor de las empresas, se finiquitó entre risas y abrazos. El aumento comenzará a regir en 2018. Otro absurdo. Escaparon de 2011, año en que todos los expertos prevén que el precio del cobre llegará a su mayor valor en cuatro décadas. Aún así, las empresas del rubro están disparando sus últimos misiles. Anuncian que esta alza de tributos afectará directamente la inversión extranjera en el sector, la que deberá buscar nuevos puertos. El mensaje llega directo a La Moneda y al Congreso, el que tendrá que legalizar el nuevo acuerdo tributario.
El temor a una huída de la inversión extranjera no es nuevo. Fue en 2002 cuando la agenda pública se inundó de la misma campaña. Entonces, el gobierno de Ricardo Lagos propicio por primera vez un aumento de los tributos a través de un royaltie minero. El impuesto fue despachado en el Congreso. No sólo no hubo empresas que abandonaran Chile, sino que la inversión se duplicó, al mismo ritmo que sus ganancias.
No ocurrió lo mismo con la seguridad laboral.
Un problema que hasta el 5 de agosto pasado, cuando el país entero se conmocionó con el derrumbe de Copiapó, era invisible. Y ello, a pesar de que la minería es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, con un 15,5% del total en 2009.
Transcurridos 65 días, no hay escuela, oficina o comercio donde no se sepa que ello fue producto de la carencia absoluta de las mínimas condiciones de seguridad y la débil fiscalización del Estado a las faenas mineras para garantizar el derecho a la vida de quienes extraen el llamado “sueldo de Chile”.
Fuente: Clarín
http://www.clarin.com/mundo/sistema-laboral-desprotege-minero_0_350965057.html
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