Sin los asesinatos de la comunidad Qom en Formosa esclarecidos, aborígenes de todo el país continúan reclamando soluciones a los avasallamientos que forman parte de su realidad: desalojos, agresiones y persecución.
(Marisel Robaldo - Red Eco) Argentina -
Tres casos en la misma semana muestran el hostigamiento, la desprotección y la falta de respuestas a los problemas de los pueblos originarios. En Salta, responsabilizan a empresas por inundaciones y aludes. Además, una comunidad resiste después de ser desalojada violentamente. En Chubut, un terrateniente intentó encerrar a cinco familias en un predio que se encuentra en recuperación para la comunidad indígena.
Agresión en Chubut
La comunidad Mapuche y Tehuelche Sacamata-Liempichun denuncia el intento de desalojo en la localidad de Alto Río Senguer, al sudoeste de la provincia de Chubut. Desde el 29 de diciembre intentan recuperar unas 500 hectáreas de la zona del Paraje Payaniyeo que pertenecen a tierras ancestralmente ocupadas por la comunidad.
“Han intentado bloquear uno de los accesos temporalmente. La única forma de llegar a la parte del territorio ancestral que estamos ocupando, sin tener en cuenta que en nuestra comunidad hay ancianos, mujeres embarazadas y niños”, sostuvieron miembros de Sacamata Liempichun, la comunidad agredida.
“Las 10 mil hectáreas que reclamamos se le otorgaron al cacique Juan Sacamata por haber influido en la Campaña del Desierto en el año 1925. Después, por una resolución del Estado nacional, nos sacaron las mejores tierras. Luego, tres colonos apelaron a la solidaridad de las familias para pasar un invierno en el campo: se terminaron quedando con animales y se apropiaron. Y a ellos se les otorgaron títulos”, contextualiza el vocero la comunidad Waldo Liempichún.
“Ellos nos sacaron un porcentaje grande, alrededor de 2000 hectáreas, la mitad de la reserva que nos quedaba, porque ya nos habían sacado 5000 hectáreas. Las restantes las remató el juez de paz con gente viviendo adentro, con todos los bienes. Nos sacaron todo: las lanzas, las banderas de guerra. Nos quedamos sin nada. La gente que quedó tiene que trabajar de peón del nuevo estanciero. Pese a los numerosos reclamos que venimos haciendo desde la década del cuarenta, nunca tuvimos respuesta”, recuerda.
En la actualidad, tres terratenientes dicen ser los propietarios de las tierras. “Nos quisieron dejar encerrados en el propio campo poniendo candados. Hay mujeres embarazadas, hay niños, hay personas adultas, ancianos. Hicimos una serie de denuncias, de exposiciones. No sabemos para qué lado tira la policía, para qué lado tira el municipio. Nos están retrasando todos los papeles; no sale nada a flote”, denuncia Liempichún.
Resistencia al desalojo
Hace casi un mes, un grupo de familias de una comunidad diaguita fue desalojado de un predio de 25 hectáreas en Las pailas, cerca de la localidad de Cachi. El gobierno provincial aún no da respuestas. Las casas fueron arrolladas por topadoras y sus cultivos arruinados. Por el momento las cinco familias no tienen lugar donde vivir.
“Hace dos años más o menos que llegó un hombre y dijo que era el dueño. No sé cómo, porque esas tierras eran fiscales”, inicia el relato del desalojo Ismael Viveros, líder de las 50 familias que resisten. “El juicio comenzó a mediados de agosto y ahora sale la sentencia, pero ninguna de las familias fue citada a declarar en una mediación: llegó una citación diciendo que iban a desalojar”.
La forma en que los sacaron no es nada desconocida para las comunidades aborígenes. “Rompieron todas nuestras casas y destrozaron los cultivos que teníamos: pasaron con una topadora, tiraron abajo las casas y después pasó un tractor con la rastra por arriba de todos los cultivos. Quedamos sin nada; por eso es que estamos desamparados totalmente”.
La comunidad de Las pailas denuncia que se violó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades originarias y suspende los desalojos. Sin embargo, la única respuesta oficial fue desestimar este argumento legal y argüir que el desalojo ocurrió porque faltó la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
“Presentamos los papeles, tengo el número de expediente de la personería jurídica en trámite desde el 10 de diciembre. Hace un año que estamos conformados como comunidad, pero no legalmente todavía”, explica Viveros. “Hemos mantenido diálogo con la ministra de Justicia y ella nos prometió agilizar la personería jurídica y el reglamento territorial que se nos pide como comunidad para constituirnos legalmente. Aún estamos esperando”.
Aludes e inundaciones en Salta
La comunidad wichi Honat Le Les de la localidad de Embarcación, departamento de San Martín, denuncia que la “responsabilidad de la los aludes son de las empresas petroleras y madereras” que operan en la zona. “Es un lugar donde hay muchas quebradas con cauces de agua: cada vez se hacen más profundas y anchas”, advierte el líder indígena Octorina Zamora.
“Teniendo en cuenta que Embarcación está 300 metros sobre el nivel del mar y que el cerro más alto está a 1200 metros, el agua cae con tanta fuerza que si hay pozos los hace más grandes, debilita la tierra de los cerros y se hacen socavones. Debilita tanto las sierras que las tierras están prácticamente partidas en dos. Sumado a esto, pasan siete caños con derivados de petróleo”, explica.
Las empresas que señalan como responsables de estos efectos en la región son Tecpetrol, Refinol, Repsol YPF, Pluspetrol, Halliburton y Pan American Energy (PAE). “Al no tener una supervisión de lo que está pasando con el tema de la deforestación y por la manera que están quedando los caños a la intemperie, se nos está poniendo en una situación de grave peligro”, entiende Zamora.
Además, la comunidad de Embarcación denuncia aprietes por parte de algunos propietarios de las tierras cercanas a su hogares. “Van a la casa de la gente, golpean la puerta y te dicen: Dejá de hinchar las pelotas. Te vamos a cagar matando”.
Embarcación es una localidad que está a 50 metros del pie de un cerro y que el año pasado ya tuvo numerosas inundaciones y dos aludes a menos de cuatro kilómetros del pueblo. “Tenemos miedo de que se nos venga el cerro encima. Una manera de evitarlo es que se frenen los desmontes y que el gobierno nacional tome la determinación de declarar la zona como territorio indígena”, pide Zamora.
Fuentes: Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) y colectivo Komunikacion MapuChe
Extraído de Red Eco Alternativo
http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=4798&Itemid=46
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