Néuquen, 5 May. 10 (AICA)
Habitantes originarios de la Patagonia
“El pueblo mapuche en muchos momentos fue violentamente dominado y discriminado. La violencia que ha sufrido este pueblo siempre fue relacionada a la tierra y a sus recursos naturales. En muchos lugares ha sido desalojado y despojado, y ha sufrido una indefensión histórica. De la misma manera fue sistemáticamente humillado e impulsado a abandonar su cultura y su cosmovisión”. Así lo expresa un comunicado elaborado por los Equipos de Pastoral Aborígen de la Región Pastoral Patagonia- Comahue junto a sus obispos, en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas - 19 a 25 de abril-, y en el marco también del inicio de las celebraciones del Bicentenario.
El comunicado se titula: “Un Bicentenario...pero con muchos siglos de Historia", y en él se advierte que “nunca se ha hecho una reparación histórica con el pueblo mapuche”, al tiempo que se afirma que “el pueblo mapuche no está dispuesto a renunciar a su participación en el mundo de hoy y quiere hacerlo con el derecho propio que le es reconocido como Pueblo Originario preexistente”.
Los equipos de Pastoral Aborigen manifiestan su preocupación ante la existencia de “sectores que quieren negar al pueblo mapuche el derecho de ser reconocido como pueblo originario argentino, tildándolo, ciertamente con intereses claros de desprestigiar sus reclamos territoriales, de invasor en la Patagonia argentina, cuando su presencia es anterior al estado argentino”.
Por otro lado, lamentan que “se pretenda desprestigiar los reclamos territoriales acusando a sectores del pueblo mapuche de tener alianzas con movimientos violentos, guerrilleros y terroristas, sin que nadie haya presentado pruebas de estas acusaciones”. Y que “numerosas comunidades hayan presentado ante los organismos administrativos de los estados provinciales reclamos justos y de larga data por sus problemas territoriales sin haber sido escuchados”.
También lamentan que “los estados respondan con sistemática ineficiencia, prolongando artificialmente cualquier respuesta definitiva, entorpeciendo los procedimientos administrativos que aportarían soluciones en los expedientes de las comunidades reclamantes”. Asimismo, “los estados, en muchos casos, se arrogan el derecho de decidir sobre la vida de los pueblos indígenas, sus recursos y organizaciones con disposiciones administrativas e iniciativas legislativas sin la más mínima consulta. Ejemplo doloroso es la venta de minas y concesiones petroleras dentro de los territorios comunitarios de comunidades que nunca han sido informadas ni consultadas”.
“A causa de esta ineficiencia e incumplimiento intencional de los estados -prosigue el texto-, algunas comunidades y organizaciones responden con acciones directas de autodefensa ante los atropellos autorizados, como por ejemplo, recuperando tierras que ancestralmente les han pertenecido o impidiendo actividades mineras o petroleras. Son ocupantes originarios, no invasores ni usurpadores”.
Por ese motivo, proponen entre otras cosas, que “en el estado moderno todos los pueblos y sociedades tengan su lugar propio y legítimo”; destacan la obligación de los estados de “realizar siempre la consulta a los pueblos originarios y a sus comunidades por los intereses que los afecten y es derecho de los pueblos originarios decidir con autonomía sobre su propio destino”. Y reclaman que “la administración de los estados dé urgente respuesta a los reclamos territoriales de las comuniades y asuman con responsabilidad las normativas, ya no tan nuevas, de las garantias constitucionales y de los convenios internacionales asumidos por la Argentina”.
Por último, el comunicado expresa: “En visperas del Bicentenario de la Argentina creemos que una nueva relación es posible a partir del reconocimiento de los derechos propios de los pueblos orignarios, de una decidida accion de los estados favoreciendo la implementación y aplicación de los derechos, una voluntad política de asumir con compromiso la existencia de los pueblos orignarios y su idiosincracia. Sin ellos, no somos Argentina”.
La declaración lleva la firma de los obispos Virginio D. Bressanelli (coadjutor de Neuquén), Marcelo Alejandro Cuenca (Alto Valle del Río Negro), Esteban Laxague (Viedma), Fernando Maletti (San Carlos de Bariloche), Marcelo Melani (Neuquén), Juan Carlos Romanín (Río Gallegos), José Slaby (prelatura de Esquel) y Joaquín Gimeno Lahoz (administrador diocesano de Comodoro Rivadavia).
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