Nace tribunal ético contra minería de frontera

AMÉRICA LATINA

Por Daniela Estrada*

SANTIAGO, sep (IPS) - Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son los activistas latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para "juzgar" proyectos que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.

"Una de las particularidades de la actividad minera hoy es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países", explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile.

El OLCA es uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina Crucitas).

El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile, que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en glaciares.

Se destaca la cuestionada mina Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold, en la norteña región chilena de Atacama y la noroccidental provincia argentina de San Juan, además de El Pachón, las Flechas, Vicuña y Amos-Andrés, todos de capitales extranjeros.

Aún está en trámite el proyecto Cerro Cuadrado, en la Patagonia, de la también canadiense Desarrollo de Prospectos Mineros SA.

Todas presentan oposición de comunidades locales y ecologistas.

Según Cuenca, los efectos ambientales, sociales y políticos de esta minería, principalmente en manos de firmas trasnacionales, constituyen una "realidad nueva" que debe ser visibilizada, ya que no está siendo atendida por la "institucionalidad de protección a los derechos humanos, ni bilateral ni internacional".

Los activistas critican, además, el decidido apoyo de los gobiernos a las empresas. OLCA, por ejemplo, detectó complementariedad entre el tratado minero chileno-argentino y algunos proyectos IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana).

El tribunal ético, conformado por un panel de jueces y personalidades latinoamericanas, enjuiciará en distintos niveles a los Estados, las empresas mineras y a los países de origen de éstas.

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