No a la ley antiterrorista en Argentina

EN ESTADO PARLAMENTARIO DESDE EL 15 JULIO

NO a la ley antiterrorista, 2º parte

(AW) El Estado Argentino estaría próximo a “perfeccionar” la criminalización de la protesta, utilizando la Ley Antiterrorista, aprobada en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que pretenden profundizar, desde el parlamento, como herramienta de persecución y aniquilamiento de todas las luchas políticas y sociales.



Un claro ejemplo de las consecuencias de esta ley, las vemos hoy en una de sus manifestaciones más perversa, en Chile, con la feroz persecución a los Mapuches, los anarquistas y cualquier organización que se levante y cuestione el establishment.


Red Eco- Ley Antiterrorista –

Tiene estado parlamentario un proyecto de ley que avanza sobre la definición detallada de los delitos penales que podrían considerarse “actos de terrorismo”. Si se aprueba, las figuras con las que se persigue la protesta social serían consideradas “actos de terrorismo internacional”.


(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina - En medio del debate y la pelea por el tema de Papel Prensa, ha pasado desapercibida la presentación de un proyecto de ley que, de aprobarse, también cercenaría una forma de libertad de expresión al calificarla como “acto terrorista”.
El proyecto, que ingresó el 15 de julio pasado a la Cámara de Diputados de la Nación bajo el número de expediente 5179-D-2010con giro a las comisiones de Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tiene como firmante al radical Ricardo Gil Lavedra y como cofirmantes a otros diputados de UCR, de la Coalición Cívica, del Pro, del GEN, del Peronismo Federal, del Pro y del Partido Socialista (1).

Bajo el nombre de “Actos de terrorismo internacional. Tipificación. Organizaciones terroristas internacionales”, este proyecto avanza sobre la línea marcada por la de la Ley 26268 “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”, presentada en diciembre de 2006 con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner y aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras a mediados de junio de 2007 (2).
Aquella ley incorporó al Código Penal dos artículos (213 ter. Y 213 quater). Con el primero se definió cuándo una asociación ilícita es considerada “terrorista”. En el segundo se estableció como delito el financiamiento a una asociación ilícita terrorista o a un miembro de la misma.
Este proyecto asocia taxativamente figuras delictivas contenidas en el Código Penal – dentro de las cuales, como decimos en el párrafo anterior, ya se encuentra la figura de asociación ilícita terrorista- a la definición de “actos de terrorismo internacional” (art.1).
De esta manera enumera 19 casos. Uno de ellos, el de Acciones contra los medios de transporte o comunicación, hace referencia a los artículos 191 y 194 del Código Penal (3). Este último tipifica como delito la acción de entorpecer “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”. Un corte de calles en el marco de una protesta es entonces un delito que para este proyecto se encuadraría como un “acto de terrorismo internacional” cuando haya sido dispuesto por una organización considerada como “organizaciones terroristas internacionales”.
¿Y cómo define a este tipo de organizaciones? Su artículo 2º dice: “Se considerarán organizaciones terroristas internacionales a aquellas que mediante la comisión de delitos tengan por propósito aterrorizar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo (…) que tengan un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”.
Otros de los delitos tomados por el proyecto para encuadrarlos como “actos de terrorismo internacional” son el de Privación ilegal de la libertad (art. 141 a 143) y el de Atentado y resistencia contra la autoridad (art. 237 y 238).
En los fundamentos del proyecto se intenta poner en pie de igualdad las acciones que allí se detallan con los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado imponiendo nuevamente la teoría de los dos demonios. Además, al definirlo como internacional habilita a abrir fronteras para perseguir a quienes considere como culpables (Estados extranjeros u organizaciones internacionales).
A nadie escapa que gran parte de las causas abiertas contra luchadores sociales se basan en estos delitos lo cual marca el peligro de que no haya trascendido la existencia de este proyecto y, lo que es peor, que tal como sucedió con la Ley 26268 sea aprobado en una sesión maratónica sin que tome estado público.
Cuando Red Eco publicó su libro “Leyes del Terror” advirtió sobre el avance en legislaciones de este tipo por todo el continente como nuevas herramientas para el control de las organizaciones populares. Repetimos ahora nuestra advertencia de entonces y llamamos a hacer público la existencia de este proyecto.

(1) UCR: Gil Lavedra, Aguad, Tunesssi, Alfonsín. Coalición Cívica: Carrió, Bullrich, Vega, Pérez. PRO: Pinedo, Satragno. GEN: Stolbizer. Peronismo Federal: Solá. Partido Socialista: Cortina.

(2) Ver el trabajo de investigación de Red Eco “El Mismo Terror. El Terror Mismo” .

(3) Art. 191.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar
Art. 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

Enviado por AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH

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CHILE


Mapuches toman con cautela anuncio de modificar Ley Antiterrorista

Si bien los familiares de los presos políticos en huelga de hambre valoraron la noticia, afirmaron que no es suficiente para deponer la medida de presión que ya se extiende por más de 50 días. Según los juristas, el proyecto del Ejecutivo no garantizaría completamente un debido proceso en los juicios que tienen que ver con el conflicto mapuche. Hoy, dos jóvenes mapuches recluidos en la cárcel de Chol-Chol se sumaron a la huelga.

POR AZKINTUWE - SANTIAGO DE CHILE - 01 / 09 / 10


Siguen las reacciones tras el anuncio del gobierno de modificar la Ley Antiterrorista y la Justicia militar. La decisión del Ejecutivo se produjo justo en medio de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuche en las cárceles del sur del país hace más de 50 días y cuyo objetivo, precisamente, era lograr que no se continuara procesando a los comuneros involucrados en reivindicaciones territoriales invocando la Ley Antiterrorista.

El vocero de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, aseguró que esto aún no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre, calificando el anuncio como un “acto comunicacional”.

“Este anuncio es primario. Pero ellos tampoco han abogado por un acercamiento porque todavía están buscando un mediador. Nosotros igual haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto. Hasta el momento esto no se puede tomar como el pie inicial para que los prisioneros políticos puedan dejar su huelga de hambre porque hay que tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar a futuro”, dijo Curipan.

La aplicación de la Ley Antiterrorista en Chile ha sido cuestionada desde diversos sectores que indican que no cumple con su principal objetivo que es castigar crímenes que provoquen un caos generalizado en gran parte de la población y que atenten, de forma directa, contra el Estado.

En esa línea, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, sostuvo en conversación con el programa RadioAnálisis que en un país como Chile no se justifica mantener una legislación como esta ya que, a su juicio, sólo se utiliza para reprimir las protestas sociales como en el caso bombas y en el procesamiento de los mapuche.

“Esta es una legislación que viene teñida de parte de sus autores en la dictadura y los fines que perseguía. Existe una incoherencia tremenda porque ya estando vigente no se le aplicó a los peores crímenes terroristas como a la CNI cuando secuestró, torturó e hizo desaparecer a gente y se está utilizando para castigar a mapuches que han cometido delitos comunes”, sostuvo Caucoto.

Por su parte, el abogado representante de los huelguistas, Jaime Madariaga se mostró aún más cauto respecto de las modificaciones informadas por el Ejecutivo y aseguró que los cambios no implicarán, necesariamente, un mejoramiento en este tipo de procesos judiciales. “Los cambios, según tengo entendido, dan más facultades al Ministerio Público para la investigación. Es decir, la figura del testigo sin rostro va a ser más potente todavía. Sinceramente me da la impresión de que esto no va en beneficio del debido proceso de acuerdo a los derechos fundamentales”, dijo el jurista.

Los representantes de los familiares de los presos mapuche en huelga de hambre aseguraron que el anuncio del Gobierno constituye el primer paso para abordar los problemas de los pueblos originarios. Pero indicaron que entregarán una propuesta alternativa al Parlamento que considere en profundidad todos los temas pendientes en esta materia.

Hoy, dos jóvenes que permanecen recluidos en Cholchol se sumaron a la huelga de hambre. La directora regional del Sename, Claudia de la Hoz, confirmó que se trata de José Ñirripil y Luis Marileo, quienes permanecen en el centro de internación provisoria para menores y ambos bajo requerimientos por Ley Antiterrorista. De la Hoz además confirmó que la última comida que recibieron los jóvenes fue ayer en la noche. Todos denunciaron irregularidades en sus detenciones, así como también malos tratos al interior del centro penal.

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http://azkintuwe.org/sept_012.htm