La Alumbrera. y sus cómplices

Laura Reales, una niña de 13 años del pueblito llamado Vis Vis, en Catamarca, agonizó un mes y finalmente murió en el Hospital de Niños provincial, víctima de un extraño mal. Los médicos le diagnosticaron Addison, enfermedad también conocida como insuficiencia corticosuprarrenal primaria y cuyos principales síntomas son “un estado general de languidez y debilidad, desfallecimiento en la acción del corazón, irritabilidad del estómago y cambio peculiar en el color de la piel”.

El Addison, cuya detección precoz es prácticamente imposible, no es una enfermedad frecuente. Se registran, promedio, 110 casos por cada millón de habitantes. Con el de Laura, ya son tres los casos mortales en una zona de Catamarca que tiene bajísima densidad poblacional, vecina al dique de cola de la mina Bajo La Alumbrera y atravesada por un mineraloducto que ha sufrido pérdidas y derrames en los últimos años.


No es necesario ser Sherlock Holmes para establecer un nexo entre la contaminación del agua de Vis Vis, a causa de las pérdidas del mineraloducto, y el Addison que mató a la niña Laura Reales. Sin embargo, para una treintena de estudiantes y profesores de la Universidad de Catamarca, quienes participaron por estos días, en el Hotel Ancasti, del acto (académico) de arrojar huevazos al diputado y cineasta Pino Solanas, nada está probado, la empresas inocente y Solanas fue a la provincia, como se leía en las pancartas, “a hacer política” (sic)

Si no fuera porque en su misma página web la empresa cuenta que ha inaugurado en 2003 un programa de pasantías con alumnos de las universidades nacionales de Catamarca y de Tucumán y con las escuelas técnicas locales, y que fruto de ese programa, sólo el año pasado, “hubo un total de 27 pasantes, 11 de los cuales provenían de la Universidad Nacional de Catamarca”, uno podría pensar que los huevazos y que la protesta se originaron en un legítimo disenso o desacuerdo con las propuestas de Solanas. Pero la existencia de los convenios, de remuneraciones en metálico y de una promesa de empleo en La Alumbrera, para todos esos jóvenes técnicos e ingenieros, descalifica por completo su accionar: ellos fueron allí de un modo servil, indigno, a mostrarle a sus futuros patrones que cuando sean capataces y gerentes de la empresa, jamás van a pensar en las niñas como Laura Reales, ni en los viejos, ni en los campesinos de los valles y los cerros catamarqueños, pero sí pensarán todo el tiempo en los intereses de la Minera
Alumbrera Limited y en los de sus socios activos: Xstrata Plc (50%), Goldcorp Inc (37,5%) y Northern Orion Resources Inc 12,5%). Ay, país.

Alguna vez, las grandes corporaciones sostenían universidades privadas para formar a sus cuadros. Pero hoy utilizan (tal vez, porque es más barato) las mismas universidades del Estado. Y así como los yacimientos minerales son entregados sin control y sin justa contraparte, en Catamarca y en otras provincias del país, también los recursos intelectuales y humanos argentinos son explotados de un modo vil, sin que el pueblo que solventa con su trabajo y sufrimientos esas casas de estudio reciba de vuelta algo de lo mucho que ha puesto.

Está claro que 30 estudiantes y/o docentes que tiran huevazos y que boicotean la proyección de un documental sobre la minería a cielo abierto no representan al conjunto de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Catamarca. Ni menos que menos, a los de todo el país. Pero resulta llamativo que la misma casa de estudios, que sus autoridades y que las autoridades provinciales, permanezcan impasibles mientras hay niños como Laurita Reales que mueren envenenados, y cuya sangre se lavará y olvidará pronto, lo mismo que el oro y la plata, impuros, que se extraen de Bajo La Alumbrera.

Diputados fustigan a gobernador de Catamarca tras represión en Andagalá
Diputados nacionales expresaron ayer viernes su repudio a la "represión policial" que sufrieron pobladores de Andalgalá y asambleístas durante una marcha contra las explotaciones mineras en ese departamento de Catamarca, al tiempo que fustigaron al gobernador provincial, Eduardo Brizuela del Moral.

En este sentido el interbloque que integran legisladores nacionales de Proyecto Sur, Libres del Sur, el SI, Diálogo por Buenos Aires y el Instrumento Electoral de la Provincia de Buenos Aires se solidarizó con "la lucha del pueblo de Andalgalá contra el saqueo y la devastación del medio ambiente a manos de la minería contaminante a cielo abierto".
En tanto, las diputadas de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Fernanda Reyes afirmaron que tanto el Gobierno nacional como el catamarqueño "actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera" en aquel distrito del noroeste argentino.

Tanto Elisa Carrió y Fernanda Reyes creen que la minería está vinculado al saqueo de los recursos. Para las diputadas "La feroz represión que sufrieron los vecinos de Andalgalá es la consecuencia emergente de un conflicto generado y silenciado por el Gobierno nacional. La política minera está al servicio de uno de los negocios y saqueos más escandalosos de la historia argentina”.

Por su parte, los diputados nacionales Fernando "Pino" Solanas, Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Eduardo Macaluse, Miguel Bonasso, Verónica Benas y Nora Graciela Iturraspe expresaron su solidaridad con los ciudadanos de Andalgalá.


“LAS MINERAS DEBEN ENTENDER QUE NO ESTAMOS EN LA EDAD MEDIA”
La diputada Cecilia Merchán expresó “su más enérgico repudio” por la represión llevada a cabo por las fuerzas de choque policiales y la gendarmería frente a los asambleístas que se manifestaban contra la actividad minera el pasado 15 de febrero de 2010, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca.

Al tiempo de presentar un proyecto para repudiar estos hechos, la diputada sostuvo: “la represión sufrida por unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca, a manos de la policía, pone en evidencia el régimen feudal con el que se manejan las mineras en este país: es inadmisible que en la Argentina del siglo XXI una empresa tenga la capacidad de controlar al poder político y utilizar las fuerzas del orden para garantizar sus intereses.

La protesta de los vecinos de la comunidad de Andalgalá se debe al impacto ambiental que tendrá la instalación de la mina Agua Rica.
Ellos ya conocen los efectos devastadores debido al funcionamiento hace 13 años de la mina Bajo Alumbrera. Además, los vecinos cuestionan que además del impacto ambiental, la mina generaría trabajo para solo 40 personas en una comunidad de 20.000 habitantes


Fuente: medioymedio.com