Hubo un cacerolazo contra el juez de Garantías, Rodolfo Cecenarro
Se enrarece el clima social
La sociedad andalgalense quedó fracturada . Ayer se denunciaron amenazas cruzadas y se vivió una tirante relación entre pro y antimineros.
Reacciones. El debate por la minería está en la calle.
Los incidentes de violencia ocurridos el pasado lunes terminaron por dividir a la sociedad andalgalense. La situación es de tensa calma. La resolución del juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, de suspender la actividad de la empresa Agua Rica sirvió para apagar el incendio pero hasta ahora no hubo estrategia ni discurso que ayude a la reconciliación entre los andalgalenses.
El nerviosismo se apoderó de la Perla del Oeste y fue frecuente presenciar discusiones, denuncias públicas y enfrentamientos en la comunidad. Las discusiones a favor y en contra de la minería ya no son sólo de mesas de café.
Por medios radiales, muchas fueron las personas que reportaban amenazas telefónicas cruzadas, entre Autoconvocados y ciudadanos reconocidos por su posición a favor de la minería. "Por instantes sentíamos que volvía a reinar el caos. Pudimos escuchar cómo alguien al aire amenazaba de muerte a la conductora de FM La Perla, María Márquez. ¨Te vamos a cagar matando,h..de p.. sabemos que tenés una hija ¨", relataron testigos que siguieron el ascenso de la temperatura social, reflejada a través de los medios.
Hugo Domínguez, director de la Escuela de Artesanía de Huaco, que funciona en la vieja estación de ferrocarril, reportó que telefónicamente le advirtieron que iban a incendiar el establecimiento; la concejal Alcira Moreno (FCS) también informó que recibió amenazas de muerte; Autoconvocados comentaban que voces anónimas prometían quemar los domicilios de los cabecillas del movimiento; mensajes de texto a las radios contaban que grupos promineros, solventados por la minería, estaban preparándose para atacar a los medios de comunicación. Por fortuna, todas fueron versiones y trascendidos pero contribuyeron a enrarecer el clima social.
Cacerolazo
Ante las oficinas del juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, manifestaron ayer familiares descendientes de Francisca Cruz, una de las propietarias del terreno donde está ubicada la mina Bajo de la Alumbrera, para exigir el pago de los derechos correspondientes. El terreno está en litigio judicial pues existe otra familia de apellido Miñaur, de la ciudad de Belén, que también ostenta documentación de propiedad de los mismos terrenos.
La familia Cruz reclama a la Justicia que resuelva el litigio porque la empresa, según aseguran, no pagó los derechos que les corresponden.
Fuente: Diario El Ancasti
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